Dos excelentes crónicas sobre lo acontecido el 6 de diciembre en Bellavista

Recomendamos dos crónicas que relatan lo acontecido el pasado 6 de diciembre en Bellavista, Bojayá.

La primera es la excelente crónica de Paco Gómez Nadal, que con su habitual sensibilidad y afilado y crítico análisis, nos relata lo acontecido en Bellavista durante el acto de “Reconocimiento Temprano de Responsabilidad” protagonizado por las FARC. La crónica, publicada en diagonalperiodico.net, incluye una excelente información de contexto para cualquier público no conocedor de los hechos.

La paz (también) se hace en la guerra

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La segunda crónica recomendada fue publicada por la revista Semana, y al decir del mencionado Gómez Nadal, se trata de “un trabajo honesto con una mirada compleja”.

“Ojalá algún día seamos perdonados”: FARC

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La imagen que ilustra esta entrada en el home es una foto de Jesús Abad Colorado, e ilustra ambas crónicas.

Pueden acceder a ambas crónicas desde los enlaces correspondientes o haciendo clic en las imágenes, capturas de pantalla de ambos medios, que se incluyen en esta entrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres crónicas doce años después

Desde su blog  ‘Colombia, guerra y paz‘, Javier Sulé comparte 3 crónicas sobre Bojayá en 2014, doce años después…

Recomendamos su lectura y te compartimos tres capturas de pantalla de su blog que te enlazarán directamente a cada una de las crónicas (haciendo clic sobre la imagen).

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La fotografía utilizada para ilustrar esta entrada es de Javier Sulé (fuente: http://javiersule.wordpress.com)

Historias del Chocó colombiano

El Chocó es uno de los departamentos colombianos donde el conflicto se instaló con más violencia. Situado en el Pacífico y apenas comunicado con el resto del país, el 90% del territorio está titulado de forma colectiva para comunidades negras e indígenas. La historia de Delis Palacios Herrón, una de las víctimas de la masacre de Bojayá, y la lucha de los pueblos embera contra la multinacional minera Muriel son apenas dos ventanas para asomarse a la realidad del Chocó.

Por Emma Gascó y Martín Cuneo*

De “turistas” a “desplazados”

A finales de abril de 2002 se habían iniciado los combates entre lasFARC y los retenes paramilitares en el municipio de Bojayá, que forma parte de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), uno de los tantos territorios comunales propiedad de las comunidades negras. Para protegerse de los ametrallamientos y los bombardeos, cientos de personas se refugiaron en la iglesia de la principal población, Bellavista. La iglesia estaba repleta de gente que buscaba protección material y divina. Pero el milagro no se produjo. Una pipeta de las FARC impactó de lleno en el templo. Según las investigaciones del Grupo de Memoria Histórica murieron 87 personas en ese ataque.

delis“En mi caso, 34 miembros de mi familia murieron”, cuenta Delis Palacios Herrón en una de las salas de laDiócesis de Quibdó que da al río Atrato.Desde junio de 2011 las víctimas de los combates, del desplazamiento y del robo de tierras se encuentran —en teoría— amparadas por la Ley de Víctimas. Éste es el caso de las víctimas de Bojayá, así como de las comunidades que sufrieron la operación Génesis. Palacios Hebrón reconoce que se está dejando entrever un cambio de estrategia en el Gobierno de Santos: “Es importante que se esté hablando de las víctimas, antes se negaba incluso que hubiera conflicto”. Durante el Gobierno de Uribe se hablaba de “turistas”, “migrantes” y “personas atraídas por el desarrollo de las ciudades”. Hoy el Estado reconoce que alrededor del 10% de la población ha sufrido de manera directa el desplazamientoforzado. En el caso de Bojayá, gracias a los títulos que llegaron con la ley 70 de 1993, las comunidades pueden reclamar sus derechos sobre esas tierras.  Palacios Herrón se encontraba en la iglesia ese 2 de mayo y también resultó herida. Hoy representa a la Asociación de Desplazados Dos de Mayo: “Somos las personas que decidimos no retornar a Bojayá y quedarnos en Quibdó, 280 familias que decidimos no volver”. Fuera atardece.

Sin embargo, esta líder negra critica la escasa aplicación que de momento está teniendo la llamada Ley de Víctimas: en Bojayá el Gobierno sólo se dedicó a la reconstrucción de infraestructura, dejando temas como el apoyo psicológico o la reconstrucción de tejido socioeconómico de lado. Tampoco se han establecido las medidas para que no vuelva a ocurrir algo similar. Cada día se producen asesinatos de líderes que reclaman sus derechos. “Ayer no más asesinaron a un compañero”, suelta Palacios. Cada ocho días un defensor de los derechos humanos es asesinado en Colombia. Las llamadas Águilas Negras también la han amenazado a ella.

—¿Quiénes están detrás de las Águilas Negras?

—Si uno lo dice públicamente al otro día lo más seguro es que no amanezca —Palacios aprieta los labios—. Sabemos que hay complicidad entre altos cargos del Gobierno. Yo se lo decía al viceministro: cada vez que nos sentamos con ustedes y les decimos las cosas, ahí es cuando más problemas tenemos. El ministro se quedó callado.

Mantener el jai

María Yaneth Moreno, la hermana Yaneth, trae una bandeja con café y agua fresca. La Diócesis lleva más de 35 años apoyando el trabajo de la Orewa, la organización indígena donde se coordinan los pueblos originarios de la región: wounaan, dobida, katío, chamí y tule. En la actualidad unas 40.000 personas originarias viven en el Chocó, pero cada vez son menos. Según ha expuesto la Corte Constitucional, se encuentran ante un etnocidio.

elinaAparte de los asesinatos y el desplazamiento, la principal causa es la desnutriciónElina Velázquez, de la etnia embera dobida, explica desde el otro extremo de la mesa, cómo los actores armados impiden ir a cazar a las comunidades y controlan la cantidad de alimentos o medicinas que los embera transportan por el río, bajo la acusación de estar alimentando a los bandos opuestos. Como consecuencia, las comunidades sufren una escasez extrema. “No es fácil ir a las 4:30 h de la mañana dos horas en canoa para traer unos plátanos para el sustento de la familia”, denuncia Velázquez. Desde que en 1999 el presidente Andrés Pastrana firmó con Bill Clinton el Plan Colombia, que multiplicó recursos para la militarización, estos problemas se agudizaron.

Una enmienda del Plan Colombia que se publicó unas semanas después del texto original completaba la estrategia militar: el Gobierno colombiano debía “abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior”. En el sector minero, las inversiones extrajeras directas aumentaron en un 640% entre 1999 y 2009En la cuenca del Atrato el Estado otorgó en 2005 nueve concesiones minerasa la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation para explotar cobre, oro y molibdeno. Una de esas concesiones se encontraba debajo del cerro Usa Kirandarra, también conocido como cerro Careperro, lugar sagrado para el pueblo embera.

Las comunidades ya conocían bien las consecuencias de la minería en sus territorios. A la contaminación y los brotes de paludismo por el agua estancada en los yacimientos, la hermana Yaneth añade el fuerte choque psicológico: “Los niños, niñas y jóvenes se están suicidando. Entre el pueblo embera no existe el suicidio, nosotros loscampunía, los no indígenas, lo llamamos así. Desde la cosmovisión embera, al desequilibrarse la madre tierra, se desequilibra la relación que hay entre el ser humano y el territorio, y se genera la muerte. También se da la llamada enfermedad del miedo, después de un bombardeo, por ejemplo. El jai que protege el cuerpo para que no se enferme, lo abandona”.

En enero de 2009 la Muriel se disponía a iniciar la explotación de Careperro. Para su seguridad contaba con las brigadas XV y XVII del Ejército. José Luis, embera dóbida nacido en Bojayá, recuerda los días en los que consiguieron rescatar su lugar sagrado: “Vinieron 2.400 indígenas, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, niños, con su pintura y su vestido tradicional. Llevábamos muy poca comida, un platanito comíamos entre cinco o seis personas, y aguita escasa, sin techo, toda la cama mantenida húmeda. Allá es bastante alto, hace frío, granizos, en cada momento llueve. Murieron varios niños”. La minera aseguró que la toma estaba apoyada por la guerrilla. “Y al contrario, estaba solamente la población civil de los emberas, las ONG, los abogados y los periodistas”, contrapone José Luis. El Ejército llegó a bombardear la zona, dejando varios heridos.

En los helipuertos de la minera los embera construyeron casas. Los helicópteros ya no podían aterrizar. A golpe de machete destruyeron la reserva de agua de la Muriel. La minera les ofrecía comida, pero nunca la aceptaron. “Durante dos meses estuvimos allá”, cuenta. La Corte Constitucional les dio la razón en octubre de 2009 al ordenar la suspensión del proyecto. La minera no había realizado la obligatoria consulta previa, sino un simulacro: “Compraron cinco líderes de la zona, a uno le dieron un motor, a otro 500 mil pesos, a otros cigarrillos y café, y los hacían firmar para poder entrar a la zona”, denuncia José Luis. En marzo de 2012 la Corte volvió a dar la razón a los indígenas.

En la actualidad una comunidad vive junto al cerro. Son 17 casas, tienen escuela y las familias que viven allí están organizadas. Todos los días visitan el cerro para ver qué está pasando. Si llegan militares, dan la voz de alarma. Han conseguido que el cerro permanezca intacto.

*Emma Gascó y Martín Cúneo son periodistas de Diagonal y autores de Crónicas del estallido. Viaje a los movimientos que cambiaron América Latina (Icaria, 2013). Más información en cronicasdelestallido.net

Publicado en  Otramérica

Bojayá: de la muerte al emblemático abandono

La población civil, refugiada en un templo, fue víctima de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. 79 personas murieron y miles fueron desplazadas. Memoria de otro olvido.

Publicado en Tras la cola de la rata

Bojayá: de la muerte al emblemático abandono

Investigación: César Romero y Natalia Zapata

Texto y fotografías: César Romero

En el Nuevo Bellavista, cabecera municipal del municipio de Bojayá, en Chocó, el primero de mayo fue un poco distinto a la celebración del resto del país. Mientras en las otras ciudades grandes marchas se gestaban en forma de protesta por oportunidades de trabajo, el TLC, las condiciones laborales, la política actual, el inconformismo mundial, la ley Lleras y demás problemas laborales.

En el Día internacional del trabajo, en el Nuevo Bellavista, no hacían presencia los sindicatos, pues no hay empresas, pero sí se armaba una nueva lucha.

Las pangas, como se les conocen en el río Atrato son lanchas rápidas con capacidad de transportar 20 personas aproximadamente.

Desde días anteriores, los botes y pangas, como se les dice a las lanchas rápidas en esta región, llegaban con más frecuencia al  territorio bojayaseño,  pues en estas llegaban las comisiones de las diferentes organizaciones, periodistas, representantes de la Diócesis de Quibdó y desplazados que no volvieron al pueblo luego del jueves 2 de mayo del 2002, día del emblemático suceso conocido como la Masacre de Bojayá.

Aunque la presencia de fuerza pública ha aumentado, los habitantes de Bellavista no creen que sea la única solución que puede brindar el Estado.

El 30 de abril no fue un día ajeno para la llegada de varias personas al Nuevo Bellavista. En Quibdó, desde la mañana, las nubes, un poco grises, daban indicios de que querían acompañar las pangas rozándolas de lluvia durante su recorrido por el río Atrato, aquel que recorre el 70% de las tierras chocoanas de norte a sur. En la zona de Bojayá, ese mismo día, las nubes daban una gran sombra.

La iglesia de la cabecera municipal, una réplica de la misma en donde caería un cilindro bomba lanzado por las Farc hace diez años, acogía a algo más de 200 personas que presenciaban cómo sus líderes, entre ellos Delis Palacios, representante de ADOM (Asociación de Desplazados del 2 de Mayo), daban a conocer las propuestas y los puntos claves de los cuales hablarían en una concertación con quien ellos esperaban, fuera el Presidente de la República, o sino, un representante de “peso” del alto gobierno. Las palabras que retumbaban en los espacios de la iglesia se referían al olvido del Estado para con el pueblo, llamado por un colega periodista como la segunda masacre de Bojayá.

Las personas de la comunidad bojayaseña hicieron presencia en el Polideportivo de la cabecera municipal (Bellavista) para escuchar a los representantes de la mesa de negociación.

Las condiciones de vivienda, salud, educación, electricidad, agua y procesos agrícolas eran temas que juiciosamente tenían en sus hojas los líderes de la comunidad, divididos en indígenas, líderes comunitarios y representantes de asociaciones, que vieron cómo aquel primero de mayo el Estado se burlaba de ellos. Cuando esperaban la asistencia de un alto funcionario, al polideportivo, lugar donde se hicieron las reuniones del nombrado día, sólo llegaron dos representantes de la Unidad de la Atención a Víctimas y “el secretario, del secretario de tal secretario”. Los murmullos se escuchaban desde las gradas del recinto, varios habitantes gritaron su inconformismo porque el Estado, de nuevo, los dejaba plantados.

“No necesitamos segundones”, se decía en la tarima, en la misma donde unos minutos después el indígena embera Ángel del Miro, quien hacía parte de la mesa de concertación como representante de las 31 comunidades indígenas del municipio, amenazaban con entrar en asamblea permanente y que, si era necesario, haría que los 4.800 indígenas que viven en tierras bojayaseñas se trasladaran a la cabecera municipal hasta que un alto mando del gobierno hiciera presencia y se sentara en la mesa de negociación, donde la propuesta, que había sido entregada 18 de marzo al gobierno para su análisis, fuera debatida.

Las personas de la comunidad bojayaseña hicieron presencia en el Polideportivo de la cabecera municipal (Bellavista) para escuchar a los representantes de la mesa de negociación.

Al final del día, y luego de haberse reunido con Gilberto Murillo, gobernador del departamento del Chocó, los integrantes de la mesa de negociación le contaban a la comunidad que se haría todo lo posible para que el alto gobierno hiciera presencia en la cabecera municipal. Los hombres, mujeres y niños que en las horas de la noche compartían en el polideportivo, se iban a sus casas, de manera lenta y despaciosa. Estaban cercanos los 10 años del imborrable día en el cual las Farc y los paramilitares convertirían un espacio santo para ellos en el peor lugar donde pudieron haber estado en el momento, donde los cantos de los pájaros quedaron oscurecidos por ruidos de disparos y explosiones.

Huellas de pies pintadas en el piso de la iglesia en donde cayó el cilindro, representando la sangre que se derramó en el sitio.

Para el final de abril del 2002, los disparos ya hacían parte de los sonidos habituales de la selva que custodiaba el río Atrato. Los intercambios del fuego cruzaban el río de lado a lado y las Farc presionaban el despliegue de los 200 paramilitares que bajaron del norte del departamento del Chocó, evitando, sin nadie saber por qué, el reten militar sobre el río Atrato en el municipio de Riosucio.

Así, los uniformados de las AUC empezaron a escudarse entre las viviendas al sur del casco urbano de Bellavista, donde las personas del pueblo empezaron a abandonar sus casas de madera para encontrar un mejor refugio, un lugar que fuese construido en cemento y que pudiera albergar a varias personas, es decir, la iglesia. Al templo llegaron varias familias y a la casa de las misioneras agustinas, algunas otras.

Pasaban los días en el hostigamiento del fuego cruzado hasta que en la mañana del 2 de mayo el comandante de la Farc -Jhonover Sánchez Arroyave, alias El“Manteco- ordena el uso de cilindros bomba, mecanismo utilizado en varias regiones del país por aquel grupo guerrillero. Los disparos ya no eran suficientes para detener la arremetida de los paramilitares –del bloque Elmer Cárdenas, comandado por Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”-.

La impaciencia de la guerrilla en el combate dibujó el camino inicial a lo que sonaba a desgracia, empezaría el lanzamiento de los cilindros. “El primer lanzamiento destruyó una vivienda del centro de la cabecera municipal. El segundo artefacto lanzado cayó un poco más lejos, detrás del centro de salud, pero no explotó. La tercera pipeta destruyó el techo del templo parroquial y estalló al interior del mismo, luego de impactar contra el altar de la edificación religiosa”. Es así como el informe “Guerra sin límites”, difundido en el 2010, narra el hecho que hoy se conoce como la Masacre de Bojayá, aquella que ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas y la muerte de al menos 79 de sus habitantes.

La mañana del 2 de mayo prometía un lindo paisaje en el cielo. La tormenta que cruzaba el pueblo en la madrugada dejaba las vías como pequeñas quebradas, pues aunque están pavimentadas, no cuentan con sistema de drenaje.

La iglesia que se construyó en el Nuevo Bellavista es una réplica de aquella en donde hizo explosión el cilindro lanzado por las Farc en el 2002.

Los forasteros que llegaban al pueblo iban con sus vestimentas blancas, estilo papayera. Los habitantes se repartían su luto con diferentes colores. Unos iban de negro por respeto a las víctimas, otros, de colores llamativos, combinación perfecta para su color de piel. Así, entre el sol que no quería perderse detalle de la conmemoración y los brillos de sombrillas, banderines y demás objetos, la marcha empezaba a andar con los pies de las víctimas, algunos indígenas, miembros de la Diócesis y algunos periodistas.

Los marchantes llevaban banderines con los nombres de las personas asesinadas el día de la masacre, que después colocarían en un especie de altar con arreglos florales encima de un improvisado bote.

Los cantos de las mujeres no se hicieron esperar, voces que se escuchaban totalmente sinceras. Las musas de Pogue, las mujeres que cantaban,  adornaban el sonido de los pasos y el murmullo, convirtiéndolas en recuerdos y memoria de la masacre, aquella donde morirían 79 personas que se encontraban en la iglesia que cuidaba el Padre Antún Ramos en aquel 2 de mayo del 2002.

Algunos indígenas acompañaron la marcha de la conmemoración, pues en la avanzada paramilitar del 2002 sus comunidades también se vieron afectadas y experimentaron el desplazamiento.

La conmemoración era el escenario de rencuentro de los desplazados de la masacre que no volvieron por diferentes circunstancias. Luego de darle la vuelta a la iglesia del Nuevo Bellavista, la marcha de las víctimas de la masacre se dirigía al puerto. Allí, los botes y las pangas que estaban a la mano se llenaban al límite para que todos pudiesen ir a rencontrarse “con la nostalgia, el momento difícil”, como lo llama Máxima Asprilla, víctima de la masacre. Al río Atrato no le disgustaba ser parte de la conmemoración. Sus aguas, mansas para el día, colaboraban con el transporte de la comunidad hundida en el recuerdo. “Al ver todo de nuevo dan ganas de llorar, uno piensa que vive el mismo momento (el del día de la masacre)”, recuerda.

En el antiguo Bellavista la hierba se ha adueñado del territorio. Las ruinas permanecen como testigos mudos, los viejos muros del colegio, donde todavía se ve dónde quedaban los grados 10 y 11, se ven de un color verdoso a causa del olvido. La cancha de microfútbol y baloncesto es el lugar de refugio para los militares que custodian la zona y la mayoría de las casas que eran de madera desaparecieron de la vista del viejo lugar. En el Bellavista viejo sólo viven las hermanas Agustinas, quienes llevan varias décadas como misioneras en la región, luchando contra los líderes de los grupos ilegales para el respeto de la población civil en el conflicto armado que afronta el país.

Las personas que integraban la marcha tuvieron que trasladarse hacia el viejo Bellavista en pangas y botes.

La iglesia donde cayó la pipeta de aquel 2 de mayo del 2002 fue reconstruida con el apoyo de a la Diócesis de Quibdó. En el lugar hace presencia el Cristo mutilado, imagen que quedase así tras el impacto de guerra de las Farc. Mientras los ojos de la mayoría estaban puestos en el Cristo mutilado, Monseñor Julio Hernando García lideraba, al lado del sacerdote Antún Ramos, la misa de la conmemoración de los diez años. La luz que se filtraba por los costados de la iglesia era suficiente para resaltar las túnicas de los religiosos, la de García muy blanca, la de Ramos colorida, representativa de alguien afro.

Al pasar de la misa, y entre oración y oración, los cantos de las mujeres hacían parte de esa resistencia, letras que Elizabeth Álvarez o mejor conocida como Lucero, compuso luego de toda la vivencia de la masacre, el desplazamiento, el abandono, la promesa estatal y el hecho de sólo tener un médico en la cabera municipal. Sin dejar por fuera, casi al cierre de la misa, la oración al santo cristo de Bojayá, el Cristo mutilado.

El sacerdote Antún Ramos era el párroco de la iglesia cuando sucedieron los hechos del emblemático caso conocido como la Masacre de Bojayá.

El cristo que adornaba la iglesia antes de la masacre quedó sin algunas partes del cuerpo luego de la explosión. En el momento hace parte de un altar y es llamado el Cristo mutilado.

“La Iglesia no puede suplir, ni debe suplir, los compromisos que tiene el Estado con un pueblo normalmente marginado y olvidado. Acontecimientos como este no pueden llevarnos al olvido. Este es un pedazo del territorio nacional, cubierto también por el dolor y la tragedia”, dice Monseñor García dentro de una iglesia que esta vez no reventaría por una explosión, sino que reventaría por lo colmada y por el sentir, el dolor y la lucha de una comunidad que no quiere ser olvidada por un Estado que le ha prometido y prometido, como en la tarde del 13 de Octubre del 2007, cuando el expresidente Álvaro Uribe prometió al Nuevo Bellavista que al terminar el 2008 contaría con conexión eléctrica permanente y, hasta hoy, sólo hay energía de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.

A la salida de la misa, Lucero buscaba con emoción a Monseñor García, pues en el proceso de memoria que lleva a cabo la comunidad está estipulada la creación del santuario en el lugar de la masacre. No sabía a quién dirigirse, en un momento muy corto supo que el asunto del santuario no se discutiría, por lo menos en ese día, pues Monseñor García salió de prisa en una panga hacia Quibdó y nadie más supo decirle qué pasaría algo al respecto.

Con la mirada noble que irradia, Lucero no tuvo otra opción que ir a observar la danza y el teatro que se adueñaron de una de las casas abandonadas del viejo Bellavista. El color rojo, el blanco y la piel negra, mostraban de forma simbólica la pérdida de costumbres con referencia al río, tras la reubicación de la cabecera municipal en el 2007. Allí mismo, de manera creativa, se exponían los desacuerdos con lo hecho por el gobierno, tal como vías pavimentadas que se inundan, casas con acueducto pero sin agua,  además del rechazo total al conflicto armado que azota la región del Atrato.

Cayendo la tarde, y luego de que todos experimentaran la delicia del pastel chocoano, algo similar al “tamal”, las personas retornaban en los botes y pangas a la Nueva Bellavista, dejando atrás un lugar al  que recuerdan con dolor pero con mucho cariño, pues allí es el viejo espacio donde quedaban sus casas, sus cultivos, su río. Un par de horas después, entrada la noche, la última reunión para la conmemoración de esta década de dolor hacía presencia en la Iglesia del Nuevo Bellavista. No había dónde sentarse, los niños peleaban por estar en la parte de adelante, no por estar en primera fila para la presentación del grupo musical de aquel día, sino para poder salir en la transmisión de Caracol Noticias.

El Golpe de Amporá, grupo musical de Quibdó, contagiaba a los asistentes con sus pegajosos ritmos, que llamaban a los movimientos al tocar los instrumentos y al cantar las canciones. El amarillo de sus vestidos hacía que se notaran más en aquel espacio, repleto de repente por los participantes de la mesa de negociación, que, malhumorados, daban la noticia de que el gobierno tampoco había mandado a ningún funcionario de alto rango en aquel día para así avanzar en la concertación y que se procedería a tomar cartas en el asunto, con la posibilidad de concretar en un futuro una movilización del pueblo de Bojayá hacia la capital del país.

2 de mayo del 2012. Diez años después de la masacre la luna acompañaba el terminar del día. La iglesia se desocupaba al terminar los ritmos del grupo musical de esa noche y al conocer un nuevo desplante del gobierno. En Bojayá no se pelea por ser sólo víctima, las personas agradecen las casas que el Estado les dio a medio terminar, ven como adelantos las vías pavimentadas que se inundan, pero se sienten excluidos.

Quieren ser reparados totalmente, que no sólo los vean como las víctimas de la masacre a quienes el gobierno envía grises funcionarios de la Unidad de Víctimas, sino que quieren que se les siga tomando como ciudadanos al que el Estado les debe muchos años de haber mirado hacia otro lado. Ya Bojayá no se representa como la masacre, las Farc, la Iglesia, la pipeta, los “paras”, también incluye en su lista de características al abandono.

2 de Mayo. La noche no era tan oscura a causa del reflejo de luz que brindaba la luna, cerrando así los 10 años de la masacre.

Son diez años de resistencia y de lucha en Bojayá por la no impunidad, por la memoria. Una historia que se muestra cada año en la respectiva conmemoración, pero un relato que a pesar de ser emblemático todavía está en el hilo del olvido de un país desmemoriado, tal y como le pasó a mi compañera de investigación, a quien la llamó una allegada, algo alterada y preocupada, porque le contaron que visitaba un lugar donde había explotado una bomba y quería saber si estaba bien.

César Romero/Tras la cola de la rata