Los habitantes de Bojayá, en asamblea permanente ante ausencia oficial

Texto: Dianne Rodríguez. Fotos: Salomón Echavarría. Más de quinientas personas afros e indígenas del municipio se encuentran hoy en el polideportivo de Bellavista-Bojayá conmemorando la masacre, o crimen de guerra, que padecieron el 2 de mayo de 2002. Han dicho a las autoridades y funcionarios presentes que no se irán hasta que no haya representación con decisión nacional: “la incertidumbre e incumplimientos no admiten soluciones a medias”. En este momento quieren establecer compromisos reales con quienes identifican como interlocutores válidos y con poder decisorio. Consideran que no hay condiciones para realizar la Mesa de Concertación, a donde se lleva el trabajo previo y las propuestas de las comunidades, hasta que no haya representación del Gobierno Nacional.

En la nueva Bellavista hoy no se escuchan de fondo los vallenatos de río, ni el jolgorio propio del espíritu del pueblo; la alcaldía ha decretado 3 días de duelo por la conmemoración de los diez años de la masacre de Bojayá.

El 30 de abril, primer día de duelo, fueron llegando los botes a la cabecera de Bojayá con los delegados de las zonas del municipio, representantes de los cabildos indígenas, de la administración municipal y de varios municipios del Chocó. Se reunieron en la capilla y trabajaron las dos jornadas para unificar las propuestas que llevará el documento que será presentado en la Mesa de Concertación con el gobierno local, regional y nacional. La que han programado para el segundo día de la conmemoración, 1 de mayo.

“Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos esta lucha la ganamos” — era uno de los coros que se repetía durante la reunión.

Diez años después, son muchos los aspectos inconclusos de los compromisos adquiridos por el Estado durante el gobierno de Alvaro Uribe, como la interconexión de energía que debió estar lista en el 2008. Basta escuchar el balance de sus pobladores e incluso leer el lema visible en las camisetas del evento—“Bojayá, en camino de la dignidad”—, para entender que el “caso emblemático de reparación” aún tiene cosas que decir.Todavía esperan poder dialogar en la mesa de concertación, donde también esperaban la presencia del Presidente Santos y de algunos ministros invitados. Sin embargo, a las 11 de la mañana de este primero de mayo sólo se encontraban presentes 2 funcionarias de la Unidad de Atención a Victimas y un delegado departamental de la división de victimas del Ministerio del Interior. Se dice que en horas de la tarde arribará la Directora de la unidad de Victimas María Paula Gaviria y el Gobernador del Chocó Luis Gilberto Murillo Urrutia.

Aspectos inaplazables encabezan el documento construido ayer por la comunidad, y que ameritan interlocución, uno de ellos es el mejoramiento de viviendas, programa que dejó por fuera a muchas familias. El déficit de viviendas supera las 2000 familias entre afros indígenas, según afirma el Alcalde Municipal Edilfredo Machado Valencia. Además de lo anterior, en Quibdó permanecen 280 familias que no retornaron y que carecen de vivienda digna, según Delis Palacios, representante Legal de Adom (Asociación de Desplazados Dos de Mayo), quien manifiesta que el gobierno debe reorientar su política de vivienda para que estas familias puedan ser incluidas en los programas y pueda beneficiar a las personas que no pudieron retornar por motivos ajenos a su voluntad.

Muchos son los puntos sin resolver, algunos sobrepasan el territorio municipal, como el dragado de las bocas de rio Atrato, ya que las recurrentes inundaciones dañan los cultivos de pan coger. “Tenemos la paradoja de que cuando el río se inunda daña nuestros cultivos, pero cuando está muy seco no podemos sacar por el rio la producción” dice un poblador.Este último punto, las garantías de sostenibilidad productiva de las víctimas, ha sido uno de los más débiles en este proceso incipiente de reparación.

El ambiente está tenso, y al parecer, si no hay un pronunciamiento de Ministerios y del Presidente Santos las comunidades de Bellavista anticipan que no se devolverán a sus comunidades.